Solo 15 de las 189 organizaciones que han firmado el código de transparencia de la IA son españolas

Desde el 2 de agosto de 2026 se aplica el artículo 50 del Reglamento de IA: avisar de que se está hablando con una máquina y marcar el contenido sintético. Para facilitar el cumplimiento, la Oficina Europea de IA elaboró un código de buenas prácticas de adhesión voluntaria que, una vez evaluado como adecuado, permite a quien lo firma demostrar que cumple con una vía única reconocida en los veintisiete países. Quien no firma no incumple nada, pero tendrá que acreditar sus medidas por su cuenta, y esa acreditación la valorará individualmente cada autoridad nacional de vigilancia del mercado.

Hemos contado cuántas organizaciones españolas aparecen en la lista oficial de firmantes. Son al menos quince de un total de ciento ochenta y nueve: el 7,9%. Y la distribución interna dice más que el porcentaje: solo cinco firman la sección de proveedores, la que cubre el marcado técnico del contenido generado; las demás firman la de responsables del despliegue, que cubre el etiquetado visible de ultrafalsificaciones y de textos de interés público.

Qué es cada sección y por qué importa cuál se firma

El código tiene dos secciones. La primera va dirigida a proveedores de sistemas de IA generativa, y también pueden firmarla quienes desarrollan soluciones de marcado y detección o proveen modelos que ayuden a otros a implementarlas. Ahí están los grandes laboratorios internacionales: los proveedores de modelos más conocidos del mercado europeo y estadounidense figuran todos en esa columna, junto a empresas especializadas en credenciales de procedencia y detección.

La segunda sección va dirigida a quien despliega esos sistemas: la empresa que publica contenido generado, la que usa un asistente conversacional de cara al público, la que produce material audiovisual sintético. Es la sección más numerosa, con 152 firmantes, y la que recoge a compañías de sectores no tecnológicos.

Esa asimetría explica la posición española. De las quince organizaciones que hemos identificado, doce firman como responsables del despliegue y solo cinco como proveedores, con dos que firman ambas. España aparece en el código sobre todo como usuaria de tecnología generativa, no como suministradora. Es coherente con el resto de indicadores del sector, pero conviene verlo escrito en una lista oficial.

Quiénes son las quince

En la sección de proveedores figuran una consultora tecnológica andaluza, la filial española de un grupo europeo de servicios de TI, una empresa de computación cuántica con sede en San Sebastián, una sociedad unipersonal del ámbito digital y una diputación provincial. En la de responsables del despliegue aparecen una gran eléctrica, la misma diputación, la misma consultora andaluza, dos entidades del tercer sector canario, una empresa de tecnología para medios y siete pymes de perfiles muy distintos: desarrollo de software, marketing, tecnología industrial e incluso una compañía de aire comprimido y frío industrial.

Ese último detalle es el que mejor retrata la lista. Junto a los laboratorios que entrenan modelos de frontera hay una pyme industrial española que ha decidido firmar un código europeo sobre etiquetado de contenido sintético. Casi la mitad de los firmantes totales son, según la propia Comisión, empresas pequeñas y de creación reciente, así que no es una anomalía: es el perfil dominante del código.

Lo que no aparece es igual de informativo. No figura ninguna operadora de telecomunicaciones española, ni ningún banco, ni ningún grupo de comunicación, ni ninguna administración estatal o autonómica. La única entidad pública española de la lista es una diputación provincial, mientras otros países han sumado un banco central, un consejo comarcal y una institución europea de control.

Lo que este recuento no puede decir

La primera y más importante: la lista oficial no incluye la nacionalidad de los firmantes. Nuestra identificación se basa en la forma jurídica que aparece en el nombre —sociedad limitada, sociedad limitada unipersonal— y en denominaciones inequívocamente españolas. Eso significa que quince es un suelo, no una cifra cerrada: puede haber firmantes españoles cuyo nombre comercial no revele su domicilio social, y hay al menos tres o cuatro casos en la lista que sospechamos españoles y no hemos podido confirmar. Por eso escribimos "al menos quince".

La segunda: una filial española de un grupo extranjero cuenta aquí como española porque ha firmado como entidad española. Es una decisión nuestra y se puede discutir.

La tercera, y es la que evita el titular fácil: no firmar no equivale a incumplir. El código es una vía de demostración, no la obligación. Una empresa puede cumplir el artículo 50 perfectamente sin haber firmado nada, y muchas lo harán. Lo que el código aporta es previsibilidad y menos carga administrativa, no legalidad.

La cuarta: la lista se actualiza de forma continua. La consulta que sostiene este recuento es del 22 de agosto de 2026, sobre una lista cuya última actualización oficial es del 20 de agosto. Cualquiera que lo verifique dentro de un mes obtendrá otras cifras, y probablemente mayores, porque el código sigue abierto a firma.

Queda una lectura que sí aguanta. En septiembre se ponen en marcha los dos grupos de trabajo de firmantes, donde se compartirán prácticas de implementación y se discutirá cómo evoluciona el marcado. Quien no está en la lista no está en esa sala. Para un sector español que en los indicadores de adopción aparece sistemáticamente por detrás, quedarse fuera de la mesa donde se define cómo se aplica la norma tiene un coste que no se mide en euros.

Metodología

El recuento se ha hecho sobre la lista oficial de firmantes publicada por la Comisión Europea, que presenta dos columnas separadas por secciones. Son dato de fuente los nombres y los totales por sección: 82 firmantes en la sección de proveedores y 152 en la de responsables del despliegue. Es cálculo propio todo lo demás. Cruzando ambas columnas nombre a nombre hemos identificado 45 organizaciones que firman las dos secciones, de donde resulta un total de 189 organizaciones distintas, cifra que encaja con las "unas 190" que menciona la Comisión sin concretar. La identificación de firmantes españoles se ha hecho por forma jurídica y por denominación, criterio que se declara porque la fuente no publica la nacionalidad; los porcentajes son divisiones directas sobre esos recuentos.

GonzaloFundador

Madrileño enganchado a la tecnología desde pequeño. Trabajo en finanzas pero la inteligencia artificial es lo que me quita el sueño. Creé Miuranews para seguirla de cerca y contarla en español sin hype.

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