Pensilvania impone "las reglas más duras del país" a los centros de datos de IA: quien no las cumpla, que no venga

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, firmó el 18 de agosto una orden ejecutiva que impone lo que él mismo calificó de "las salvaguardas más estrictas del país" a los centros de datos de inteligencia artificial. La medida llega en un estado que se ha convertido en uno de los principales destinos de esta ola de inversión en EE. UU. —más de un centenar de propuestas estarían en distintas fases de negociación—, y marca un giro deliberado respecto a la postura previa del propio gobernador, que hace apenas un año presumía de que Pensilvania estaba "totalmente volcada" en atraer estos proyectos.

Qué obliga exactamente

La orden convierte en legalmente vinculantes los que hasta ahora eran estándares voluntarios, llamados "Requisitos de Desarrollo Responsable de Infraestructura" (GRID, por sus siglas en inglés). Dos exigencias concentran el peso de la medida. La primera es económica: los promotores deben asumir de su propio bolsillo todo el coste de la infraestructura eléctrica necesaria para conectar el centro a la red, en lugar de repartir ese gasto entre el resto de consumidores a través de la factura. La segunda es política: ningún proyecto avanzará sin la aprobación de la comunidad local; si el municipio dice no, el estado tampoco lo aprobará.

A eso se suman otras dos medidas de calado. Los centros de datos quedan fuera del programa estatal de permisos acelerados, por el que Amazon había obtenido vía rápida para invertir 20.000 millones de dólares en dos plantas; y se prohíbe expresamente el uso de acuerdos de confidencialidad en estos proyectos, una práctica habitual que dificultaba a los vecinos conocer los detalles de lo que se construía cerca de sus casas.

Por qué es distinta de todo lo anterior

Miuranews viene siguiendo desde hace semanas el rechazo vecinal a los centros de datos, tanto en EE. UU. como, más recientemente, en España. Esta orden marca un salto de categoría: convierte esa protesta dispersa en política de Estado con fuerza legal, no en una simple manifestación de malestar. El propio Shapiro reconoció que su cambio de postura responde directamente a las conversaciones con residentes preocupados, y usó un lenguaje inusualmente duro para un gobernador que hasta hace poco cortejaba a estos mismos promotores: habló de proyectos "especulativos" y de desarrolladores que "atropellan" a las comunidades.

Las dos caras de la medida

Conviene, como siempre, matizar en ambas direcciones. Por un lado, no es una decisión sin cálculo político: Shapiro se presenta a la reelección este año, y tanto su rival republicana como movimientos vecinales llevaban meses presionándole por su historial de bienvenida a estos proyectos; sus críticos —incluidos grupos ecologistas— sostienen que la orden "hace muy poco" para proteger a quienes ya conviven con la construcción en marcha, y que gestionar el problema no es lo mismo que resolverlo. Por otro, la oposición republicana en el Senado estatal, que llevaba meses bloqueando la versión legislativa de estas mismas normas, acusa a Shapiro de dar marcha atrás a su propio discurso previo sobre la IA como motor económico del estado.

Para el lector español, el interés va más allá de la anécdota estadounidense. Es la primera plantilla concreta y con fuerza legal para resolver la misma tensión que empieza a plantearse en España —Aragón, Madrid— por el consumo eléctrico y el rechazo local a estos proyectos: quien construye, paga la conexión; y quien vive al lado, decide primero. Es un modelo que administraciones autonómicas o el propio Gobierno central podrían mirar de cerca a medida que la presión vecinal crezca también aquí.

GonzaloFundador

Madrileño enganchado a la tecnología desde pequeño. Trabajo en finanzas pero la inteligencia artificial es lo que me quita el sueño. Creé Miuranews para seguirla de cerca y contarla en español sin hype.

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